• Domingo, 30 abril 2017

El fracaso del Estado frente al feminicidio. ¡Ni una asesinada más!…cuando la sociedad se organiza

Por Tarssis Dessavre, Rebeca Ortiz y Desiree Prado

Son censuradas o amenazadas, y en el mejor de los casos ignoradas. Sin embargo, las organizaciones civiles que luchan por los derechos de las mujeres ante el creciente número de asesinatos responden a la falta de políticas públicas y lagunas legislativas.

Conmovida por el caso de su vecina Diana Angélica Castañeda, una niña de 14 años de quien sólo encontraron su cabeza y su pierna en el Río de los Remedios del Estado de México; Yuriko Gallardo de 17 años, decidió unirse al colectivo Feministas contra los Feminicidios y Transfeminicidios.

“Por situaciones como ésta te das cuenta lo peligroso que es salir. Te da miedo. Los hombres te faltan al respeto por cualquier cosa”, menciona Yuriko. “Hay que unirse para ayudar a quienes tienen familiares desaparecidos o asesinados”. Como ella, hay muchas otras personas que se convierten en activistas y se integran a redes y organizaciones civiles para exigir justicia. ¿Será que el Estado ha fracasado en la prevención, vigilancia y sanción frente a la problemática del feminicidio?

Los feminicidios son una problemática creciente a nivel nacional. De acuerdo con datos del INEGI y el Reporte de Violencia Feminicida de ONU Mujeres, en los últimos treinta años se han acumulado más de 44 mil asesinatos. Sin embargo, más de una cuarta parte de los crímenes se cometieron de 2007 a 2014.

Ocurren entre 4 y 7 feminicidios al día en el país, pero Guerrero, Estado de México, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas tienen los índices más altos.

Según Ana Miranda, académica del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, si bien tal incremento se relaciona con la guerra contra el narcotráfico, también existe una normalización de la violencia hacia las mujeres. Hay un pensamiento machista que considera que “la violencia de género es un asunto privado en el contexto de las relaciones maritales y no parte de una violencia estructural del ámbito público.”

Griselda Gutiérrez, coordinadora de investigación de Filosofía Política con Perspectiva de Género en la UNAM, explica que este fenómeno tiene orígenes culturales. “Nuestra ideología nacional no ha incorporado lo que es el valor de la persona; es algo que se sabotea y se menosprecia. Hay una falta de claridad y de sensibilidad, una profunda resistencia a reconocer el valor de la mujer”.

Un día de protesta

A las once de la mañana del domingo 4 de octubre del 2015 adolescentes, mujeres jóvenes, artistas y unos cuantos hombres cuelgan fotografías y mantas de protesta en la explanada de Bellas Artes. “Ni una más, ni una asesinada más” es el grito con el que exigen justicia frente a los casos no resueltos. Se trata del Encuentro Acción Feminista contra el Feminicidio y Transfeminicidio.

Media hora después, siete policías se acercan. “No tienen permiso para estar aquí”, señalan. Pero luego de tensos minutos de discusión y con la llegada de más integrantes de los colectivos Bordamos Feminicidios Red Denuncia Feminicidios, los oficiales se retiran. No es una situación extraña. La activista Nazarena Anza relata que en la primera reunión de Bordamos Feminicidios el 1 de diciembre de 2012 en el Zócalo capitalino, cientos de granaderos lanzaron gases lacrimógenos y les quitaron sus materiales.

A la una comienzan los performances de denuncia. “Es importante realizar acciones lúdicas, para que la gente se sienta atraída y no nos vean como las locas que vienen a hacer escándalo”, explica Marcela Villaseñor, miembro de Red Denuncia Feminicidios. “Hay que visibilizar y difundir. Es un problema político ya que hay un gobierno corrupto, inepto y partícipe. Es un Estado feminicida que niega las alertas de género y las cifras”.

Y es que el rol de las agrupaciones civiles ha sido fundamental para la inclusión de la problemática en la agenda gubernamental. Gracias a las manifestaciones ocurridas en Ciudad Juárez en los noventa, la discusión sobre tipificar el feminicidio comenzó.

De acuerdo con Gustavo López, politólogo del Tecnológico de Monterrey, la relación entre el gobierno y tales movimientos es conflictiva, ya que existe una falta de voluntad política. Por ejemplo, “cuando se declara una alerta de género se piensa que es una agresión contra el Estado, por ello se oponen y no se activan los protocolos de seguridad en beneficio de las mujeres”.

Alrededor de las tres se encienden los micrófonos y se escuchan los reclamos al gobierno, las invitaciones al público a unirse a la protesta y el relato de casos específicos: Nadia VeraRenata ÁbregoDiana Suárez, Gabriela Faustino e incluso Irinea Buendía, madre de una víctima está presente para dar su testimonio.

Juntas pero diferentes

Silvana Ornelas es activista tras sobrevivir a una relación violenta: “yo tuve un aborto a raíz de una de las golpizas de mi ex novio y hubo pocas personas que me ayudaron”. Grecia Palacios se une a Bordamos Feminicidios al encontrarlas en Facebook. Merle protesta ante el reciente homicidio de su amiga Angélica Ortiz, “una defensora de derechos humanos víctima de feminicidio en Monterrey, pero el caso se calificó como suicidio”.

Así como existen múltiples razones para integrarse a una agrupación civil, el proceder de éstas difiere. Por un lado, Bordamos Feminicidios es un colectivo cuyos integrantes ubicados alrededor de la República y en países como Francia, Argentina, España y Guatemala bordan casos de feminicidios y los exponen en sitios públicos. “Es darle la vuelta a una actividad que históricamente ha mantenido quietas a las mujeres”, comenta Minerva Valenzuela, fundadora de la agrupación.

Sin embargo, Valenzuela señala que no les interesa acercarse al gobierno pues “no es un gobierno amigo”. De hecho, la agrupación inició en el 2012 para “darle la bienvenida a Enrique Peña Nieto, el cómplice con quien aumentaron los feminicidios durante su gubernatura en el Estado de México”. Además, Valenzuela no apoya los performances, pues considera que “existe una revictimización al ver a la mujer vencida”.

Por otra parte, la Red Denuncia surge a partir de un grupo de adolescentes de la escuela pública 128 de Ecatepec, que bajo el liderazgo de su profesor Manuel Amador crearon el performance Quinceañeras Violentadas. “Son jovencitas que se articulan en un contexto de precariedad, violencia familiar y un difícil acceso a la cultura. La sociedad nos comenzó a mirar y se unieron otros grupos”, comenta Amador.

“El dicho de mujeres juntas ni difuntas es un mito que debemos vencer frente la ineficiencia del Estado”, dice Valenzuela; por ello, pese a sus diferencias existe una unión de la sociedad civil.

Si bien hay leyes que tipifican el feminicidio, el problema radica en que “han sido constituidas como paliativos, pues no hay políticas públicas ni estudios sobre los mecanismos necesarios para modificar los patrones socioculturales”, comenta Urenda Queletzú Navarro, abogada especialista en crímenes de género. Asimismo en el Estudio de Implementación del Tipo Penal de Feminicidio, la redacción de la ley se presta a interpretaciones subjetivas y no está homologada.

Además la penalista Ana Levi comenta que en los procesos de investigación existe una revictimización pues “se  somete a los familiares o sobrevivientes a interrogatorios y exámenes que atentan contra su dignidad”.

El reto continúa vigente. Los expertos coinciden en que el problema incrementará si el derecho penal no se acompaña de una reforma cultural. “Una construcción de políticas públicas a partir de una agenda ciudadana para entender las causas de la violencia”, comenta Navarro. Se requiere intervenir en múltiples ámbitos y en ello radica la importancia de las organizaciones civiles,  pues no sólo presionan al gobierno sino que “sus protestas son una forma de establecer conexiones con la gente poco informada y sensibilizarla”, explica Miranda.

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