• Lunes, 20 noviembre 2017

Adolescentes detenidos esperan meses para recibir sentencia

 

 

Organizaciones internacionales alertan riesgos para seguridad pública

Por: Elías Rosales y Jimena López.

29 de marzo de 2017, Ciudad de México.

 

Julio es un chico de 17 años recluido en detención provisional. Se presume inocente, pero está acusado de homicidio, lesiones y daños. Sin embargo, lleva 11 meses encarcelado y no ha recibido sentencia, esto a pesar de que la ley establece que un adolescente no puede pasar más de 6 meses en prisión sin que su situación sea resuelta.

Su madre se dedica a la cosecha de chile, ganando 150 pesos al día, tiene cinco hijos y Julio es el menor de ellos. Ella cree que su hijo es inocente, pero carece de la capacidad económica para visitarlo y mucho menos para pagar un abogado. En estas circunstancias, Julio podría pasar muchos meses más en la cárcel hasta que se determine su situación legal.

Reducir el tiempo que duran los procesos penales de adolescentes y niños es una prioridad establecida por la UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) y materializada en la nueva Ley Nacional del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes, a pesar de esto, la situación de muchos jóvenes detenidos en nuestro país está muy lejos de ser ideal.

La ley establece que la situación de un adolescente preso debe ser determinada en un plazo menor a treinta días mediante una acusación formal y el caso resuelto en menos de seis meses. Sin embargo, cerca de la mitad de los jóvenes detenidos en México aún espera que se resuelva su juicio, según información de Justicia Juvenil Internacional, A.C.

De hecho, comparado con el resto de los países de América, México mantiene el límite más alto para la duración de procesos penales de adolescentes. En Brasil, por ejemplo, se aprobó un máximo de 45 días para la resolución de un juicio, mientras que otros países como Panamá, Guatemala y Costa Rica, el plazo establecido es de 60 días.

 

El proceso no debe exceder los 30 días: Douglas Keillor

Douglas Keillor es un abogado estadounidense de derechos humanos y el fundador de Juvenile Justice Advocates International, una organización que defiende los derechos de los adolescentes detenidos alrededor del mundo. Actualmente dirigeJusticia Juvenil Internacional, México A.C. una organización que investiga la situación de los jóvenes reclusos en México y asesora al gobierno mexicano en la creación de alternativas para el sistema de justicia.

En entrevista con Intersecciones, Keillor afirma que “en México, cerca del cuarenta o cuarenta y cinco por ciento de los adolescentes detenidos no han recibido condena o aún no han sido procesados.” A pesar de que la nueva Ley Nacional del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes determina que los jóvenes no pueden estar detenidos por más de seis meses esperando ser procesados, Douglas afirma que aún se encuentran resolviendo casos de chicos que han estado en prisión por diez u once meses sin ser sentenciados.

También, alega que antes de que haya una sentencia es mucho más probable que los chicos sufran diversas formas de tortura por parte de las autoridades, como una forma de obtener una confesión. “Nuestra postura como organización es que el tiempo recomendado por UNICEF es aún muy largo para los jóvenes”, expresa, “nuestra meta es que los adolescentes sean juzgados en un plazo menor a 30 días.”

 

ONG alerta sobre afectaciones a los adolescentes detenidos

En México hay más de 13 mil adolescentes en detención, sin embargo, la inmensa mayoría están acusados de delitos menores y no de crímenes violentos. El año pasado, de 253 adolescentes que se encontraban en prisión cautelar en Chihuahua, sólo 79 casos resultaron con una sentencia de privación de la libertad, de acuerdo a cifras presentadas por Justicia Juvenil Internacional, A.C.

Los efectos de la prisión provisional en la salud física, mental, social y de desarrollo de los adolescentes pueden ser graves, aún por períodos de semanas. Las probabilidades de uso de drogas, depresión y suicidio son dos o tres veces mayores entre los adolescentes que han estado en prisión preventiva por periodos largos, según información del Justice Policy Institute.

Además, organizaciones civiles han alertado sobre posibles efectos negativos en la seguridad pública provocados por el uso prolongado de la prisión preventiva. La detención cautelar de menores podría causar el efecto de “escuela de delito”, propiciado por la reclusión de jóvenes con delincuentes de mayor experiencia. Muchos jóvenes son reclutados por pandillas mientras están en la cárcel, aumentando así la delincuencia y la inseguridad social, indicó la el informe anual de Justicia Juvenil Internacional, A.C..

Incluso, al interrumpirse la educación de los adolescentes, la probabilidad de que retomen sus estudios es menor a medida que el tiempo de reclusión aumenta. Por otro lado, los lazos familiares tienden a romperse, dificultado la reintegración de los adolescentes a su entorno social, comunicó la organización.

Por otro lado, la gran mayoría de las instalaciones penitenciarias están sobrepobladas y carecen de servicios básicos e higiene. Además aún son comunes los tratos crueles y el uso de diversas formas de tortura en muchos de los centros de detención, según el informe.

 

El sistema: inoperativo

El Dr. Mario I. Álvarez, ex-Director General de Protección a los Derechos Humanos de la PGR (Procuraduría General de la República) opinó en entrevista para Intersecciones que el problema principal es la incapacidad operativa de las instituciones. “El problema no es la duración fijada en la ley, el problema es que las instituciones no son operativas”, afirmó.

El exfuncionario señaló que el problema tiene tres ejes principalmente. “La ley está mal hecha, los operadores no están preparados, es decir, las instituciones son ineficientes y las últimas leyes se están aplicado a la carrera y por lo tanto no están funcionando,” declaró el también profesor e investigador del Departamento de Ciencias Jurídicas del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México.

 

Cambiar la ley es la solución

“Cuando la ley dice que tienes seis meses, la burocracia tomará seis meses para resolver el caso, y no hay incentivo para hacerlo ir más rápido”, dijo en entrevista Douglas Keillor. “Nuestra principal recomendación es modificar la ley y reducir el plazo a 60 días.”

Además, señaló que se deben priorizar los casos en los que los adolescentes tienen altas probabilidades de salir libres, tratando de evitar que pasen mucho tiempo en detención cautelar. “Necesitamos crear conciencia en el sistema de que cada día que se acorta del proceso, estamos disminuyendo el impacto negativo y evitando daños innecesarios,” afirmó el activista.

Cada año, decenas de jóvenes, como Julio, que han sido privados de la libertad, son declarados inocentes o sentenciados a libertad condicional. Sin embargo, el daño derivado de la detención preventiva prolongada y el largo proceso de juicio será difícil de superar. Muchos quedarán marcados por la experiencia de haber estado en prisión y tendrán que luchar por años para reintegrarse a la vida social.

Comments

comments

Entrada Relacionada

Deja un comentario

Logo_CUUM

Intersecciones es un espacio digital de entrenamiento periodístico para los estudiantes de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. | No se hace responsable de la autoría de los artículos, así como de las posibles o diferentes opiniones, debates o críticas originados por los mismos, siendo en todo caso única y exclusivamente responsabilidad del propio autor. De igual forma, no se hace responsable de la posible violación de derechos de autor aunque previamente será verificada la publicación del material y contenido sugerido en otros medios. | Campus de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Plataforma educativa sin fines de lucro. Powered by Muv